El martes 11 de agosto, después del Consejo de Ministros, el secretario de Presidencia, Alejandro «Pacha» Sánchez, anunció que el gobierno construirá un data center dedicado a inteligencia artificial con una inversión de 70 millones de dólares. La ubicación probable es la intersección de las rutas 5 y 48, cerca de Las Piedras, en Canelones, un punto elegido por su conectividad y por el acceso al cable submarino y a las redes de energía eléctrica. Las obras comenzarían en el primer trimestre de 2027 y terminarían entre 2028 y 2029. Sánchez habló de 250 puestos de trabajo directos y de poner a ANTEL «al frente del cambio tecnológico con la inteligencia artificial» [1].
Conviene detenerse en la cifra antes que en la frase, porque los 70 millones son el edificio. El vicepresidente de ANTEL, Pablo Álvarez, explicó a El Observador que la inversión se definió en función de lo que la empresa puede afrontar hoy y que el equipamiento tecnológico, GPU incluidas, será una etapa posterior. Una infraestructura de mayor escala podría requerir varios cientos de millones de dólares que ANTEL no está en condiciones de poner [2]. Lo anunciado entonces es apenas el comienzo de la ecuación.
Aun así, el anuncio importa, y por razones más grandes que su monto. El gobierno está planteando que la empresa pública de telecomunicaciones ocupe un lugar central en la infraestructura sobre la que se construirá la próxima etapa de la economía digital uruguaya. Eso abre una discusión que excede al proyecto: quién controla los datos, quién dispone de capacidad de cómputo y quién puede decidir sobre la infraestructura necesaria para procesarlos. Puede ser una oportunidad de soberanía. Puede convertirse, si no se toman determinadas decisiones, en otra forma de dependencia. Y hay una pregunta que no debería quedar fuera: qué cantidad de energía, agua y territorio estamos dispuestos a comprometer para construirla.
La inteligencia artificial suele presentarse como algo inmaterial. Vive en la nube, se dice. Pero la nube no flota: está hecha de edificios, servidores, cables, transformadores, sistemas de refrigeración y enormes cantidades de electricidad. Detrás de los modelos que escriben textos, generan imágenes, analizan documentos o diagnostican enfermedades hay una infraestructura física cada vez más concentrada en unas pocas empresas y unos pocos países.
¿De quién será la inteligencia?
Todavía sabemos poco sobre qué habrá dentro del edificio. Álvarez había explicado antes que la nueva infraestructura permitiría ampliar la capacidad existente y disponer de redundancia geográfica respecto del data center de Pando, también en Canelones, y había señalado una posibilidad significativa: procesar allí información crítica y sensible que hoy podría terminar en infraestructuras privadas, incluidas historias clínicas, datos biométricos y eventualmente información vinculada con seguridad y defensa [3]. La idea parece evidente. Si Uruguay quiere usar inteligencia artificial sobre historias clínicas, expedientes judiciales, información tributaria, registros educativos o imágenes médicas, parece razonable que pueda hacerlo sin enviar esos datos a servidores ubicados en otro país. Pero entre tener los datos dentro de Uruguay y tener soberanía sobre ellos hay una distancia considerable. ¿Quién fabrica las GPU? ¿Quién controla el software que las hace funcionar? ¿Quién suministra los modelos? ¿Dónde estarán las claves de acceso? ¿Quién podrá actualizar los sistemas? ¿Qué ocurre si un proveedor extranjero cambia sus condiciones comerciales, queda sometido a una sanción internacional o decide no vender determinado equipamiento? No conocemos esas respuestas, y por eso hay que formular las preguntas ahora. Poner los servidores en Canelones no convierte automáticamente a Uruguay en una potencia soberana de inteligencia artificial. Podríamos tener un edificio uruguayo lleno de tecnología extranjera sobre el que las decisiones fundamentales se sigan tomando en California, Shenzhen o Taipéi.
Una vieja historia latinoamericana
La discusión no es demasiado diferente de otras que América Latina conoce bien. Durante décadas exportamos materias primas e importamos productos industrializados. Después exportamos datos e importamos plataformas. Nuestros ciudadanos producen información de manera permanente, pero buena parte de la infraestructura necesaria para almacenarla, procesarla y convertirla en valor económico está fuera de nuestras fronteras.
Hace años escribíamos sobre los datos y metadatos que terminaban en manos de las grandes transnacionales [4]. La cuestión no era solo la privacidad individual: era quién acumulaba el conocimiento producido colectivamente por una sociedad y quién podía convertirlo en poder económico. La inteligencia artificial lleva ese problema a otra dimensión, porque ya no alcanza con tener los datos: hay que tener la capacidad de computación para procesarlos. Y esa capacidad es extraordinariamente desigual. Los grandes modelos necesitan cantidades gigantescas de GPU; las empresas que pueden comprarlas y ponerlas a funcionar a escala industrial son pocas, y los fabricantes de los aceleradores más avanzados son todavía menos.
La economista Cecilia Rikap, que expuso en el ANTEL Summit el miércoles 12 de agosto en la conferencia titulada, precisamente, «Dependencia digital y soberanía», le puso nombre a esa asimetría. Rikap investiga desde hace años lo que llama monopolios intelectuales: corporaciones que no innovan solas sino que se apropian de conocimiento producido de manera colectiva en universidades e instituciones públicas de todo el mundo, lo convierten en activos privados y después cobran renta por su uso. Aplicado a los data centers, describió un «extractivismo gemelo»: el despojo de datos y conocimiento colectivo se sostiene sobre un extractivismo mayor de recursos naturales. Y advirtió sobre lo que llamó totalitarismo epistémico, esto es, que las agendas de investigación y el tipo de inteligencia artificial disponible terminen definidos a puertas cerradas por un oligopolio corporativo en lugar de discutirse democráticamente [5].
Rikap señaló además que esa dependencia alcanza a iniciativas regionales que se presentan como autónomas y terminan corriendo sobre Amazon Web Services, o formando funcionarios públicos para ser usuarios competentes de software cerrado [5]. Vale la pena registrar dónde dijo todo esto: en el escenario de una empresa pública, bajo el lema «Soberanía en tiempo real», en una jornada donde Google y Huawei también tuvieron su espacio.
No necesitamos otro ChatGPT
Uruguay no necesita construir un modelo que compita con los gigantes estadounidenses o chinos. Sería una carrera económica y tecnológicamente absurda. La cuestión es qué podemos hacer con capacidad propia, y ahí la discusión se vuelve mucho más concreta de lo que suele plantearse.
Hoy existen modelos abiertos de gran peso que pueden descargarse y ejecutarse sobre infraestructura propia. No son los más grandes ni los más capaces, pero para una enorme cantidad de tareas alcanzan y sobran, y sobre todo permiten algo que ninguna interfaz comercial permite: auditarlos, adaptarlos, ajustarlos con datos locales y correrlos sin que cada consulta salga del país. Ahí está la diferencia práctica entre consumir inteligencia artificial y disponer de ella. Un modelo ajustado sobre legislación y jurisprudencia uruguayas, sistemas que trabajen sobre historias clínicas sin que los datos salgan de la infraestructura nacional, herramientas adaptadas por la ANEP a las características de nuestro sistema educativo, los docentes podrían utilizarla y cortar la dependencia con Google, firmada recientemente por Ceibal y ANEP, capacidad de cómputo disponible para la Universidad de la República y los centros de investigación: nada de eso exige inventar un ChatGPT. Exige decidir qué modelos necesitamos, dónde ejecutarlos y qué datos estamos dispuestos a entregar a terceros.
Convertir la discusión en una elección binaria entre Estados Unidos y China sería un error. Uruguay va a usar tecnología extranjera: no fabricamos GPU, no producimos los procesadores más avanzados, no controlamos la cadena mundial de semiconductores, y tampoco tendría sentido pretender hacerlo. La soberanía tecnológica no es autarquía. En un país como el nuestro debería entenderse sobre todo como capacidad de negociación, y esa capacidad crece si se ejerce de a varios. Europa intenta reducir su dependencia de las grandes tecnológicas estadounidenses; India construye capacidad nacional de cómputo mientras usa tecnología importada. El punto común de esas experiencias no es fabricar cada componente: es evitar que una sociedad quede subordinada a una infraestructura que no controla.
Rikap propuso una hoja de ruta en esa dirección, con eje en la cooperación regional: poner límites a la expansión de infraestructura privada, frenar las concesiones indiscriminadas a las multinacionales, priorizar la inversión pública e integrar capacidades que ya existen en América Latina, desde el visor territorial chileno que evalúa el impacto socioambiental de los centros de datos hasta la infraestructura satelital de ARSAT en Argentina, empezando por blindar sectores estratégicos como la educación y la salud [5]. Es una agenda discutible, pero es una agenda. Del lado uruguayo, la integración regional en materia de infraestructura digital sigue siendo un enunciado sin contenido.
La oportunidad puede ser pública
Una cosa es que ANTEL construya el data center para vender capacidad de procesamiento. Otra, bastante más interesante, es que esa infraestructura funcione como base de un ecosistema nacional.
La primera opción es legítima: ANTEL invierte, ofrece servicios de nube y GPU, consigue clientes, desarrolla nuevas líneas de negocio. La segunda tiene una dimensión estratégica mayor, porque una infraestructura pública de IA puede operar como una capa nacional de cómputo, no necesariamente estatal en todos sus usos pero sí disponible bajo determinadas condiciones para universidades, investigadores, organismos públicos y empresas pequeñas que no pueden pagar miles de dólares mensuales en GPU. Ahí aparecen posibilidades que una empresa privada extranjera no tiene ningún incentivo para desarrollar, y la inversión deja de ser un edificio para convertirse en infraestructura pública para la innovación.
ANTEL no pretende desarrollar todo por sí misma. Álvarez habló de modalidades híbridas: usar modelos desarrollados por empresas extranjeras pero ejecutarlos sobre infraestructura de ANTEL [2]. Es probablemente el escenario más realista. El modelo puede ser extranjero, las GPU también y buena parte del software además; pero los datos y la inferencia, el procesamiento que ocurre cada vez que usamos un modelo, pueden permanecer bajo infraestructura uruguaya. Eso no es soberanía absoluta, aunque tampoco se parece a entregar los datos junto con la capacidad de procesarlos.
Quién define qué es la soberanía
Hay una discusión institucional que no debería quedar relegada. Álvarez sostuvo que definir qué información debe permanecer obligatoriamente en infraestructura estatal no le corresponde a ANTEL sino al Parlamento, y mencionó datos personales, biometría, historias clínicas y eventualmente información de seguridad y defensa como candidatos a esa categoría [2]. La diferencia importa: la soberanía digital no debería depender de que una administración de ANTEL considere que ciertos datos son suficientemente sensibles.
Uruguay no parte de cero. Tiene desde 2008 la ley 18.331 de protección de datos personales, una unidad reguladora especializada y una agencia de gobierno digital, y fue el primer país de América Latina al que la Unión Europea reconoció un nivel de protección adecuado. Lo que ese marco regula es el tratamiento de los datos, no su localización ni la jurisdicción de quien opera la infraestructura que los procesa. El vacío está ahí, y es exactamente el que un data center público vuelve urgente.
Dentro del propio directorio de ANTEL convive otra concepción. Laura Raffo, directora en representación de la oposición, sostuvo que la soberanía digital no significa que los datos deban permanecer dentro de las fronteras, sino que Uruguay tenga capacidad para decidir cómo se protegen, quién puede acceder a ellos y bajo qué reglas se usan [2]. La observación es pertinente: tener servidores dentro del territorio no garantiza por sí mismo que los datos estén protegidos.
Rikap argumenta en sentido contrario y con un ejemplo legal concreto: reducir la soberanía a instalar un servidor en suelo local ignora normativas como la Cloud Act estadounidense, que puede alcanzar información alojada fuera de Estados Unidos cuando el operador está bajo jurisdicción norteamericana [5]. Es decir que el servidor puede estar en Canelones y la información seguir siendo requerible en Washington, según quién lo opere y con qué software. Para Rikap, la soberanía es una cuestión de gobernanza y democracia, y se responde con cuatro preguntas: qué tecnología queremos, para qué, quién la produce y para quién.
Puestas juntas, las dos posiciones dejan de ser alternativas. Un país sin infraestructura propia tiene menos capacidad de negociación; un país con infraestructura propia pero sin reglas sobre quién la opera y bajo qué jurisdicción tiene menos soberanía de la que cree. Hace falta discutir las dos cosas, y hacerlo en el Parlamento antes de que el edificio esté construido.
La factura física
Hay una parte de esta discusión que resulta incómoda: la inteligencia artificial consume recursos materiales, y bastantes. La Agencia Internacional de Energía estima que el consumo eléctrico de los data centers en el mundo pasará de unos 415 teravatios hora (TWh) en 2024 a alrededor de 945 TWh en 2030, más del doble, y señala a la IA como uno de los principales motores de ese crecimiento [6]. Rikap indicó otra manera de dimensionarlo: citando a la UNCTAD (conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) y al Fondo Monetario Internacional, recordó que los centros de datos privados ya consumen a escala global más electricidad que un país como Francia [5]. Uruguay tiene una ventaja: nuestra matriz eléctrica tiene una participación excepcionalmente alta de fuentes renovables. Pero el problema no se resuelve ahí, y conviene precisarlo, porque el argumento fácil de que cada megavatio que va a la IA es un megavatio que no va a otra cosa tiene una respuesta sencilla: Uruguay vierte energía eólica y exporta excedentes. La dificultad real es otra. Un data center demanda una carga plana, las 24 horas de los 365 días, incluidas las noches sin viento y los años secos. Eso no se satisface con excedentes: se satisface con potencia firme, que es justamente la parte cara y más sucia del sistema. La pregunta para UTE no es si hay energía, sino qué respaldo hay que construir y quién lo paga.
Existe además una consecuencia física que casi nunca aparece en los anuncios. Toda la electricidad que usan las computadoras termina convertida en calor, de modo que un data center de IA es en buena medida una máquina para transformar electricidad en calor y después gastar más energía en sacar ese calor del edificio. En Finlandia, Microsoft y la energética Fortum desarrollaron un proyecto para volcar el calor residual de sus data centers a la red de calefacción urbana de Espoo y municipios vecinos, donde llega a cubrir alrededor del 40 por ciento de la demanda de calefacción de la zona [7]. Uruguay no tiene redes de calefacción urbana, pero sí tiene secaderos, invernáculos e industria con demanda térmica. Si vamos a construir una infraestructura que consumirá electricidad durante décadas, qué se hace con el calor debería ser una condición del pliego y no un agregado posterior.
El agua, el territorio y los vecinos
Con el agua, la escala engaña. Un data center puede representar una fracción insignificante del consumo mundial y convertirse igualmente en un problema serio para un territorio concreto. No hace falta ir muy lejos para comprobarlo: Uruguay ya tuvo esa discusión, y también fue en Canelones. Cuando Google proyectó su data center en el Parque de las Ciencias, la propuesta original contemplaba refrigerar los procesadores con agua potable de OSE mediante torres de enfriamiento evaporativo. Un investigador de la Universidad de la República tuvo que litigar durante meses, hasta llegar al Tribunal de Apelaciones, para que el Ministerio de Ambiente entregara la cifra: el proyecto podía llegar a consumir hasta 7,6 millones de litros de agua potable por día en su etapa de mayor demanda, el equivalente al consumo diario de unas 55.000 personas, evaporados sin retorno al sistema [8][9]. El dato se conoció mientras el país atravesaba una de las peores crisis hídricas de su historia. Google terminó modificando el proyecto y pasó a refrigeración por aire; el data center que hoy está terminándose declara un consumo de unos 48 metros cúbicos diarios, destinados a cocina y baños. El cambio resolvió una parte del problema y desplazó la otra, porque quitar el agua del balance no hace desaparecer la factura ambiental: aumenta el peso del consumo eléctrico y de las emisiones asociadas. Y la discusión dejó a la vista algo que la palabra «nube» suele esconder: la computación siempre tiene un territorio.
Ese territorio no está habitado solamente por servidores. Cuatro familias que viven en predios linderos al proyecto de Google recurrieron ante el Ministerio de Ambiente para cuestionar la autorización ambiental otorgada en 2024. Según el recurso, los vecinos fueron identificados en el estudio de impacto como receptores sensibles, uno de ellos, como «el vecino más vulnerable» frente al impacto acústico, pero no fueron individualizados, contactados ni consultados durante su elaboración. Recién en julio de 2026, con la obra prácticamente terminada, accedieron al expediente mediante un pedido de acceso a la información pública. Denuncian que durante la construcción y las pruebas ya percibieron cambios concretos: iluminación industrial nocturna, ruidos antes inexistentes, molestias asociadas a la limpieza de tuberías, las pruebas de bancos de carga y el funcionamiento de generadores. Algunas viviendas están a menos de cien metros de muros, equipos y chimeneas [10]. No corresponde aquí determinar si esas denuncias deben prosperar; eso es asunto de las autoridades ambientales y, eventualmente, de la Justicia. Lo que importa para esta discusión es que una infraestructura digital transforma el territorio que la recibe, y que quienes viven ahí no deberían enterarse de sus consecuencias cuando la obra ya está levantada. Si soberanía significa algo, tiene que incluir que las decisiones sobre una infraestructura estratégica se discutan públicamente, que sus impactos se conozcan antes de construirla y que las comunidades afectadas puedan participar de verdad. La comparación no supone que el data center de ANTEL vaya a repetir el proyecto de Google: Álvarez señaló que el nuevo centro usará un sistema de refrigeración de circuito cerrado, precisamente para reducir el consumo permanente de agua [2]. Es una decisión relevante, y por eso mismo la experiencia anterior debería funcionar como antecedente y no como anécdota. Porque la pregunta no se agota en cuántos litros consume un data center. En India, el proyecto de Google en Visakhapatnam, de unos 15.000 millones de dólares, enfrenta cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y habitantes por su impacto sobre el agua y la biodiversidad en una región con déficit hídrico, y la empresa responde también allí con refrigeración por aire [11]. Una infraestructura global puede instalarse en un territorio, usar su energía, sus redes y su suelo, y producir un valor que se concentra muy lejos. Sería extraño que, en nombre de la soberanía, reprodujéramos esa lógica con el sello del Estado.
¿Y qué queda después de los 70 millones?
Los 250 puestos de trabajo directos anunciados merecen una precisión que nadie dio: no sabemos cuántos son de obra y cuántos de operación. La distinción no es menor. Un data center es intensivo en capital y poco intensivo en trabajo una vez construido; en el caso de Google, la obra llegó a emplear unas 800 personas en el pico, y la fase operativa se estimó entre 200 y 250. Si los 250 de ANTEL son de construcción, el argumento del empleo dura tres años.
También ayuda comparar escalas, sobre todo porque el propio Álvarez presentó su proyecto como «incomparable» con el de Google. La inversión de Google en Canelones ronda los 850 millones de dólares; se estima que a plena capacidad consumirá unos 560 GWh al año y que podrá usar hasta 64 megavatios de potencia simultánea tras la ampliación autorizada por UTE [12]. Frente a eso, los 70 millones de ANTEL describen otra cosa: no un competidor, sino una apuesta de otra naturaleza y de otro tamaño, cuyo sentido no está en la escala sino en el control.
Rikap fue directa en este punto y vale la pena tomarla en serio, aun cuando el proyecto que discutimos sea público: calificó de «fantasiosa» la promesa de que la llegada de infraestructura genere crecimiento automático o empleo masivo, y remarcó que estas instalaciones dejan una huella ecológica considerable sin tributar de manera sustancial ni dinamizar las economías locales, porque la mayor parte del capital se va al exterior en la importación de semiconductores [5]. Esa última observación describe con precisión lo que viene después del edificio de Canelones. Álvarez ya advirtió, además, que la geopolítica y las restricciones internacionales sobre los chips pueden afectar precios y plazos [2].
De modo que el retorno depende por completo de qué se construya encima. Si la infraestructura permite crear empresas, formar especialistas, sostener investigación, procesar información pública y vender capacidad de cómputo a la región, los 70 millones pueden multiplicarse. Si termina alojando servidores de compañías extranjeras que usan electricidad y conectividad uruguayas para dar servicio a clientes de otros países, el retorno será mucho más magro. No hay nada ilegítimo en ese segundo escenario, pero es otro proyecto, y convendría decirlo antes y no después.
La próxima dependencia
En América Latina deberíamos haber aprendido que las infraestructuras nunca son solamente infraestructuras. Una carretera define territorios; un puerto, relaciones comerciales; una represa, quién controla el agua. Un data center de inteligencia artificial entra en esa categoría: determina quién procesa información sensible, qué empresas pueden desarrollar tecnología, qué investigadores acceden a capacidad de cómputo y qué servicios digitales puede ofrecer un país. Por eso la discusión sobre el proyecto de ANTEL no debería agotarse en el anuncio de la inversión. Habrá que discutir contratos, proveedores, arquitectura tecnológica, condiciones de acceso, protección de datos, uso de tecnologías abiertas, posibilidad de sustituir proveedores, consumo energético, impactos territoriales, participación de las comunidades afectadas y, sobre todo, el grado de control que conservará la empresa pública.
Hace algunos años proponía que la discusión sobre tecnología pasaba por la privacidad, los datos, el trabajo y el poder de las plataformas [13]. Hoy todos esos problemas convergen en la inteligencia artificial: los datos son el combustible, los modelos son una forma de conocimiento, las GPU son capacidad industrial, la electricidad es el soporte físico y los data centers son el lugar donde todo eso se encuentra. Si cada uno de esos componentes queda controlado por empresas distintas, radicadas en países distintos y sujetas a intereses distintos, la dependencia no desaparece porque el edificio esté en Canelones.
Uruguay tiene con qué intentar otra cosa: una empresa pública de telecomunicaciones, una matriz eléctrica relativamente limpia, conectividad internacional, estabilidad institucional, tradición de políticas públicas en infraestructura y una escala que permite experimentar. El proyecto anunciado puede aprovechar todo eso y convertir a ANTEL en un actor capaz de negociar con los grandes proveedores desde una posición propia. También puede ocurrir lo contrario: construir el edificio, importar las máquinas, contratar los modelos, alojar los datos y terminar pagándole a empresas extranjeras por una infraestructura que funciona con nuestra electricidad y nuestro territorio. En ese caso habremos levantado una magnífica máquina uruguaya que no será nuestra.
Y esa es la discusión que deberíamos empezar ahora: no si Uruguay tendrá inteligencia artificial, sino quién tendrá la inteligencia artificial de Uruguay.
Fuentes
[1] Subrayado, «Ejecutivo anunció creación de data center de inteligencia artificial en Canelones con inversión de USD 70 millones»: https://www.subrayado.com.uy/ejecutivo-anuncio-creacion-data-center-inteligencia-artificial-canelones-inversion-usd70millones-n1014979
[2] El Observador, Juan Pablo De Marco, «Qué va a hacer el nuevo data center de ANTEL y por qué es «incomparable» con el de Google»: https://www.elobservador.com.uy/ciencia-y-tecnologia/que-va-hacer-el-nuevo-data-center-ANTEL-y-que-es-incomparable-el-google-n6053941
[3] Ámbito, entrevista a Pablo Álvarez, vicepresidente de ANTEL: https://www.ambito.com/uruguay/pablo-alvarez-la-inversion-ANTEL-data-centers-es-una-cuestion-soberania-n6211986
[4] Brecha, «Datos y metadatos en manos de las transnacionales»: https://brecha.com.uy/datos-y-metadatos-en-manos-de-las-transnacionales/
[5] Cecilia Rikap, conferencia «Dependencia digital y soberanía», ANTEL Summit 2026, ANTEL Arena, 12 de agosto de 2026. Video: https://ANTELtv.com.uy/play/2sss27y1 – Artículo: Náyade Ferreira, «Inteligencia Artificial: ¿un negocio para todos o solo para los gigantes de la tecnología?», Caras y Caretas: https://www.carasycaretas.com.uy/politica/inteligencia-artificial-un-negocio-todos-o-solo-los-gigantes-la-tecnologia-n98267
[6] International Energy Agency (IEA), Energy and AI – Energy demand from AI: https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai
[7] Fortum, «Fortum and Microsoft’s data centre project spearheads energy efficiency»: https://www.fortum.com/services/heating-cooling/data-centres-helsinki-region
[8] Brecha, «Una aprobación a ciegas»: https://brecha.com.uy/una-aprobacion-a-ciegas/
[9] la diaria, «Data center de Google podría utilizar un máximo de 7.600.000 litros de agua potable por día»: https://ladiaria.com.uy/ambiente/articulo/2023/3/data-center-de-google-podria-utilizar-un-maximo-de-7600000-litros-de-agua-potable-por-dia/
[10] El Observador, «Vecinos del data center de Google en Canelones piden frenar avances»: https://www.elobservador.com.uy/nacional/vecinos-del-data-center-google-canelones-piden-frenar-avances-reclaman-dejar-efecto-autorizacion-ambiental-y-denuncian-molestias-n6053924
[11] Reuters, «Google’s $15 billion India data centre project battles water, wildlife concerns» (reproducido en The Business Standard): https://www.tbsnews.net/world/south-asia/googles-15b-india-data-centre-project-battles-water-wildlife-concerns-1507916
[12] Búsqueda, «El gobierno busca que Google, con su centro de datos en construcción en Uruguay, amplíe sus inversiones»: https://www.busqueda.com.uy/tecnologia/el-gobierno-busca-que-google-su-centro-datos-construccion-uruguay-amplie-sus-inversiones-n5403618
[13] Brecha, «Privacidad y seguridad digital: es posible»: https://brecha.com.uy/privacidad-y-seguridad-digital-es-posible/
